La iniciativa –publicada hoy en el Boletín Oficial– fue diseñada por técnicos afines al gobierno anterior con el propósito de habilitar la posibilidad de liquidar fundaciones y entes locales de lucha sanitaria contra la aftosa para reemplazarlas por organizaciones públicas municipales o provinciales. Pero con el gobierno macrista esa posibilidad queda descartada.
La norma dispone que el Senasa “promoverá la constitución de una red institucional con asociaciones civiles sin fines de lucro o el acuerdo con entidades académicas, entes oficiales nacionales, provinciales y/o municipales, de carácter público, privado o mixto, previa firma del convenio respectivo, a fin de ejecutar en forma conjunta y coordinada las acciones sanitarias y fitosanitarias (…) con el propósito de complementar su descentralización operativa”.
Ley Nº 27.233 establece además que “la prestación de los servicios por parte de los entes sanitarios durante el lapso que estén obligados se considera servicio público de asistencia sanitaria”. Y añade que “la ejecución fuera de los parámetros del acuerdo y/o de la normativa vigente, la suspensión, la interrupción, la paralización o la negación de tales servicios, directa o indirectamente, se considerará falta grave y hará pasible la aplicación de las sanciones establecidas al efecto, incluyendo la rescisión de los acuerdos celebrados y, de corresponder, la exclusión del sistema”.
También determina la “obligación de respetar los valores arancelarios que se establezcan para las prestaciones a cargo de los entes sanitarios”, lo que daba la pauta de que la norma se diseñó para generar una nueva caja recaudatoria en el sector agropecuario (el régimen vigente dispone que son las propias autoridades de los entes las que determinan el costo del servicio en función de la cantidad de cabezas bovinas presentes en la zona, extensión territorial y costo local del combustible, entre otros factores).
Fuente: Valor soja
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